LA EDICIÓN DEL 14 DE OCTUBRE DE 2026
Infiltraciones norcoreanas: las autoridades estadounidenses actúan contra los intermediarios locales
Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, al menos 70 empresas han sido infiltradas por trabajadores norcoreanos que utilizaban identidades robadas. Las incautaciones en Texas ponen de relieve el presunto papel de facilitadores estadounidenses en estas operaciones a distancia.
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Los ordenadores enviados a empleados recién contratados habrían servido como puntos de acceso para operadores norcoreanos que trabajaban a distancia. La operación descrita por las autoridades estadounidenses sitúa en primer plano a los intermediarios locales y la verificación de identidades, en la intersección entre la contratación y la seguridad informática.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos describe una nueva operación contra infiltraciones en empresas atribuidas a trabajadores norcoreanos. Según los fiscales citados por TechCrunch, al menos 70 empresas estadounidenses se han visto afectadas. Las autoridades anuncian la imputación y la detención de al menos dos personas, así como registros en más de 40 emplazamientos de Texas que presuntamente servían como puntos de acceso informático.
Según el departamento, el mecanismo se basa en una separación entre la identidad del empleado contratado y la persona que utiliza realmente su equipo de trabajo. Ciudadanos norcoreanos habrían obtenido empleos mediante identidades robadas a ciudadanos estadounidenses. Las empresas habrían enviado después los ordenadores destinados a sus nuevas incorporaciones a lugares que permitían utilizarlos a distancia. Las autoridades afirman haber incautado más de 180 ordenadores en el marco de esta operación.
Estas instalaciones, a menudo denominadas granjas de portátiles, proporcionarían a los operadores una presencia física en Estados Unidos sin necesidad de encontrarse allí. CrowdStrike, que afirma haber ayudado al FBI a investigar y a obstaculizar las operaciones, destaca su papel para superar los obstáculos físicos, financieros y jurídicos derivados de esa ausencia. El departamento sostiene que los trabajadores implicados recurren cada vez más a facilitadores estadounidenses ante la mejora de la detección por parte del sector privado y las actuaciones de las autoridades.
No se identifican las empresas afectadas. El departamento menciona, entre otros, los sectores de la salud, los servicios de ciberseguridad, el comercio, las comunicaciones y la industria manufacturera. Los fiscales estiman los fondos sustraídos en unos 3 millones de dólares. Estos datos siguen siendo declaraciones de las autoridades recogidas por TechCrunch: no permiten establecer, empresa por empresa, la naturaleza de los accesos obtenidos, el alcance de la información comprometida ni las pérdidas efectivamente constatadas.
El caso invita a considerar la contratación y la entrega de equipos como componentes de la seguridad informática. Si se confirma el mecanismo descrito, una identidad aparentemente coherente y un ordenador situado en territorio estadounidense pueden ocultar a un usuario remoto distinto del empleado declarado. La cuestión va entonces más allá de la mera detección de software malicioso: también afecta a la correspondencia entre identidad, empleo y uso real de los equipos. Los registros anunciados arrojan luz sobre este presunto mecanismo, sin constituir por sí solos una conclusión judicial sobre la responsabilidad de las personas detenidas.