TECNOLOGÍA · ANÁLISIS

Flock defiende su vigilancia y deja las reglas de uso en manos de las administraciones locales

En TechCrunch Disrupt, el director de Flock defendió sus dispositivos de vigilancia pese a las críticas. Da prioridad a las recomendaciones y los ajustes predeterminados frente a las obligaciones, dejando abierta la cuestión de las garantías impuestas por el proveedor.

Flock defiende su vigilancia y deja las reglas de uso en manos de las administraciones locales — Composición original sobre los sistemas y sus conexiones.
Composición original sobre los sistemas y sus conexiones.Ilustración DailySynth

Garrett Langley, fundador y director de Flock, defendió las tecnologías de vigilancia de su empresa durante TechCrunch Disrupt en San Francisco. Según la información publicada por TechCrunch, las críticas a este fabricante de cámaras de lectura de matrículas y otros dispositivos de grabación fueron seguidas de rescisiones de contratos y despidos.

El punto central de su intervención se refiere al reparto de responsabilidades. Langley afirma que quiere proporcionar a los responsables locales recomendaciones y ajustes predeterminados, al tiempo que limita las funciones y políticas obligatorias. Esta postura deja un amplio margen a las decisiones de las administraciones locales a la hora de regular los usos.

También conviene conservar una distinción técnica. TechCrunch indica que las cámaras de Flock no disponen de reconocimiento facial, pero pueden detectar y seguir a personas. Por tanto, la ausencia de reconocimiento facial no basta por sí sola para describir el alcance de sus funciones de vigilancia.

Flock defiende su vigilancia y deja las reglas de uso en manos de las administraciones locales — Esquema simbólico de los vínculos entre un sistema, sus usos y sus consecuencias.
Esquema simbólico de los vínculos entre un sistema, sus usos y sus consecuencias.Ilustración DailySynth

Preguntado por los abusos, el directivo aludió a la posibilidad de limitarlos sin perturbar el funcionamiento de la policía, sin detallar las medidas previstas, informa el medio. Su defensa no permite, por tanto, evaluar garantías concretas adicionales.

La cuestión de gobernanza consiste en determinar qué protecciones debe incorporar el proveedor y cuáles dependen de los usuarios institucionales. Las recomendaciones pueden orientar las prácticas; la información recogida no permite establecer que basten para prevenir los usos indebidos.

Este artículo pertenece a la edición del 15 de octubre de 2026.Leer la edición completa ↗

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